Mañana 15 de noviembre comienzan en La Habana la negociación entre las FARC y el gobierno colombian. En la mesa, obviamente, no estarán las víctimas del conflicto, que quieren hacer oir su voz.
En las vísperas se han celebrado en Madrid unos encuentros promovidos por movimientos sociales y con el apoyo del grupo parlamentario de la Izquierda Plural. Resumo lo esencial de estos encuentros.
Las demandas de los movientos sociales y las víctimas
Los movimientos sociales de Colombia son importantes. Se basan sobre todo en la coordinación de distintas iniciativas de resistencia al expolio campesino, concretadas en comunidades de paz y reunidas en el llamado Congreso de los Pueblos.
Su posición es que ni el gobierno ni la guerrilla les representan y piden que su voz sea oída de modo efectivo en la mesa de negociación -no con el simple envío de escritos, que es la única modalidad hasta ahora prevista.
Otra demanda esencial es que el primer objetivo de la negociación sea un alto el fuego. No podemos ya seguir sufriendo más una guerra de la que no somos parte -dicen.
Por último, estos movimientos temen que las conversaciones traigan la impunidad para los autores de crímenes de estado y piden un relato de la verdad, que tenga en cuenta su sufrimiento.
Estas organizaciones tienen una hoja de ruta que pasa por una serie de congresos populares que adoptan un marco normativo alternativo al estado existente. Su demanda de ser oídas en la negociación está más que justificada, pero, pese a lo amplio de la agenda negociadora, es claro que las conversaciones serían inviables si convirtieran en un proceso constituyente para el que, por otro lado, faltaría un mandato expreso. Parece que lo más razonable es que de las conversaciones salieran foros que produjeran cambios legisativos e incluso constitucionales.
Libre comercio y derechos humanos
El representante de Ecologistas en Acción insistió en que la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Colombia y Perú redundaría en un reforzamiento del expolio de las tierras para satisfacer las demandas de las empresas agroindustriales. El tratado, en proceso de ratificación en el Parlamento Europeo, apenas si contiene una mención simbólica al respeto de los derechos humanos.
Los grandes obstáculos para la paz
La intervención más esclarecedora fue la del jesuita Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos y permanentemente amenazado por ello. Giraldo sentó como signo de esperanza la extensión de la agenda negociadora, que toca los desafíos nucleares a los que se enfrenta Colombia. Y a continuación desgranó los obstáculos que aparecen en cada uno de los capítulos.
El más importante es el agrario. Aquí se oponen la estrategia de titularización de las tierras, promovida por el gobierno, con la defensa de los insurgentes (y con ellos muchas comunidades y movimientos sociales) de que la tierra no pueda ser enajenada y sea entregada a comunidades que desarrollen una agricultura sostenible.
Pero ante todo, el gran problema es de contexto nacional. Para una paz efectiva el estado tendría que descontaminarse de la influencia paramilitar y del narco, que permean todas las estructuras públicas.
Difícil, casi imposible se antoja el acuerdo, pero por lo menos sobre la mesa están los temas esenciales.
(Veáse en este blog La paz y las víctimas de la guerra de Colombia)
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